Una mujer sale de cuentas el mismo día en el que está programado su desahucio

Nahan Camara tiene 24 años y está a punto de dar a luz a su segunda hija. Sale de cuentas el próximo 10 de julio, fecha establecida por un juzgado de Madrid para llevar a cabo el tercer intento de desahucio de la vivienda en la que reside con su marido, Oumar, y con Marian, de dos años y siete meses. La coincidencia consta por escrito, con firma de la matrona, pero el banco, dueño del piso desde 2011, evita pronunciarse sobre otro posible aplazamiento.

"Quieren recuperarlo y van con todo", explica a 20minutos.es Pedro Rodríguez, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que asiste a esta familia procedente de Mali desde dos semanas antes del primer amago de desalojo. Este colectivo logró parar el 16 de abril y el 11 de mayo sendas ejecuciones gracias al apoyo vecinal. Aunque ahora se les antoja "complicado" y confían en que, aunque no sea "en términos emocionales", la entidad valore las consecuencias que el caso podría acarrear sobre su "imagen".

Oumar Kanate llegó a España en patera hace diez años desde Cabo Verde, país en el que trabajó un tiempo hasta emprender su viaje. Entonces ya estaba casado con Nahan; la foto de boda en Mali, vestido blanco incluido, preside el pequeño salón de la casa. "Entonces mi marido tenía dinero", dice la joven. No le ha contado nada a su familia, no quiere preocupar a nadie con sus problemas. La pareja debe unos 200.000 euros a Banesto y Oumar, que se quedó en paro hace tiempo, solo cobra un subsidio de 400 euros y lo que obtiene realizando trabajos esporádicos.

Ahora mismo está en Mali, donde ha ido para vender algunas cosas. En 2006 compró una casa en el barrio madrileño de Entrevías con un amigo y pidió al banco un préstamo de unos 240.000 euros. Un buen día su amigo se quedó sin trabajo y desapareció -"está en Francia", apunta Nahan-; después le tocó a él. Trabajaba en Zaragoza, en el sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis. Pronto le fue imposible hacer frente a las letras de la hipoteca, que superaban los 1.000 euros y que, sobre todo, pagaban intereses.

En 2009 el banco inició el procedimiento de ejecución hipotecaria, pero no fue hasta 2011 cuando subastó el piso. La subasta quedó desierta y la entidad se adjudicó la casa por la mitad de su valor. Oumar dejó de pagar hace unos tres años al banco, poco después de que Nahan llegara a España gracias a la reagrupación familiar, así que los intereses de demora generados durante todo este tiempo han engrosado enormemente el descubierto familiar. Si les echan de la casa "no saben" dónde irían, confiesa Nahan con la mirada baja.

Las opciones son escasas, explica el abogado. Primero, porque la deuda estará ahí "de por vida", por eso piden la condonación, así como un alquiler social del banco. Si esto no resulta, podrían recurrir "al IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid)" o a alguna asociación "como Proyecto Hogar"; el último recurso será alquilar una habitación para cuatro. Aunque quieren parar este desahucio, el abogado admite que posponerlo tampoco es una solución ideal, porque el objetivo es conseguir una "alternativa habitacional" permanente para ellos.

Nahan confía en volver algún día a su país, aunque las noticias que le llegan no son nada alentadoras. El 22 de marzo hubo un golpe de Estado y unos días después grupos armados tuareg se hicieron con el control del norte de Mali, expulsando al gobierno central. "Eso el banco no lo sabe", dice. Tanto ella como Oumar están en situación legal en España, y su primera hija también nació en Madrid. La joven, que se mueve con brío a pesar de su avanzado estado de gestación, dice conocer a mucha gente en su misma situación.

Se apoya en algunas amigas, como Ramata, que le ayudan con la niña; Marian va a una guardería subvencionada por el Ayuntamiento. Algunos de los maridos de esas amigas tienen trabajo, pero otros, como el de Ramata, no. Las dos reciben clases de español en una ONG, en la que a veces se quedan a comer. También acuden a las reuniones del grupo de trabajo de vivienda de la Asamblea popular de Vallecas del 15-M; muchos de los que allí acuden han contribuido a parar los dos primeros desahucios.

¿Y los vecinos? "Intenté explicarle al presidente de la comunidad que desde 2011 es el banco quien debe pagar la cuota", explica el abogado, que añade que un par de mujeres del bloque sí han mostrado su apoyo a Nahan y Oumar, que deben una elevada cantidad de dinero a la comunidad de vecinos. 20minutos.es se ha puesto en contacto con Banesto, que ha declinado hacer comentarios sobre el tema, remitiéndose a la orden concreta del juzgado y a las "conversaciones" entre abogados que puedan sucederse hasta el 10 de julio.